El procedimiento legal correspondiente para la remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, entrará a una nueva fase esta semana con la apertura del periodo probatorio, tal como lo establece el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). Arturo Escala, miembro de la Comisión de Mesa —instancia municipal que lleva adelante el trámite—, explicó que los diez días de prueba determinados en la norma comenzarán a correr formalmente una vez que exista la resolución interna y se notifique a las partes por los correos electrónicos registrados. Escala precisó que al haberse autorizado ya el abogado defensor del primer personero municipal, queda descartada cualquier situación de indefensión dentro del proceso.
Concluida la etapa probatoria, la Comisión de Mesa dispondrá de cinco días para elaborar un informe final con sus conclusiones, el cual servirá de base para que el Concejo Cantonal conozca y debata el caso en una sesión extraordinaria pública. Para aprobar la remoción definitiva de la autoridad se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes del cuerpo edilicio. De ratificarse la salida de Alvarez, quien se encuentra detenido desde febrero por procesos judiciales en su contra, la consecuencia legal es directa: la actual alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, asumirá la alcaldía de forma definitiva y el pleno del Concejo deberá designar a un nuevo vicealcalde hombre para cumplir con el principio de paridad de género.
En caso de que el Concejo apruebe la destitución, Aquiles Alvarez tendrá un plazo de tres días para apelar y solicitar una revisión ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El organismo electoral dispondrá de diez días para verificar que se hayan cumplido estrictamente todas las formalidades y garantías del debido proceso establecidas en la ley. Tomando en cuenta los tiempos previstos en el Cootad, el procedimiento integral podría extenderse por algo más de cuatro semanas, período tras el cual, de completarse la remoción, la nueva autoridad titular quedará habilitada para solicitar el manejo y uso de los recursos públicos municipales ante los organismos financieros correspondientes.
