La Procuraduría General del Estado (PGE) continúa con el proceso para hacer efectiva la reparación económica impuesta a Helive Angulo Bravo, alias Estimado, y Daniel Salcedo Bonilla, alias Bello, ambos condenados mediante procedimiento abreviado dentro del caso Metástasis. A pesar de que Angulo recuperó la libertad tras cumplir su pena reducida de 15 meses de prisión y ofrecer disculpas públicas en enero de 2025, la PGE solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Manuel Cabrera, el embargo de los fondos depositados en sus cuentas bancarias, así como la fijación de fecha para la audiencia de ejecución sobre el avalúo y embargo de sus derechos y acciones, diligencia convocada para este miércoles 30 de septiembre.
En la misma línea de recuperar las indemnizaciones fijadas a favor del Estado por $ 11040 para cada procesado, el organismo público ha requerido el embargo de los saldos bancarios de Salcedo y el 50% de los derechos sobre dos inmuebles registrados a su nombre en el cantón Daule. Frente al incumplimiento reiterado de una entidad bancaria local para transferir los fondos retenidos a Salcedo, el juez Cabrera emitió un tercer oficio de advertencia bajo la condición de remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado para el inicio de acciones penales por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. En paralelo, la PGE notificó que otro de los sentenciados, Héctor David Paredes, ya efectuó un depósito de $ 5000 a la cuenta institucional.
Salcedo, quien admitió su colaboración con la red criminal del fallecido Leandro Norero para gestionar fallos judiciales a través de sobornos, permanece recluido en la Cárcel del Encuentro en Santa Elena mientras se aproxima a cumplir los 40 meses de condena dictados en la causa. Además de este proceso, el acusado enfrenta la recta final de la etapa evaluatoria de juicio en el caso Magnicidio FV por la muerte del excandidato Fernando Villavicencio y tiene pendiente el trámite de extradición hacia Estados Unidos tras haber aceptado a inicios de septiembre el requerimiento de la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
