La producción petrolera de Ecuador atraviesa su peor crisis en más de una década, con una caída del 5% en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, según datos de Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Energía. La estatal Petroecuador, responsable del 80% de la producción nacional, reportó una disminución del 7%, extrayendo 371,827 barriles diarios frente a los 396,257 de 2024. Este declive, que dejó de generar 2.6 millones de barriles entre enero y marzo, se traduce en una pérdida de $218 millones en ingresos, agravando la fragilidad fiscal del país.
Las causas son múltiples. El cierre progresivo del campo ITT, mandatado por la consulta popular de 2023, restó 56,000 barriles diarios desde agosto de 2024, con cinco pozos clausurados hasta octubre y 48 más programados para 2025. La falta de inversión en exploración y recuperación secundaria ha reducido las reservas probadas a 860 millones de barriles, insuficientes para sostener la producción a largo plazo. Además, eventos como la rotura del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en Esmeraldas en 2025 y la sequía en el río Napo, que limitó el transporte de insumos, afectaron la operación. Campos maduros, como Sacha, enfrentan un declive natural, mientras que licitaciones fallidas, como la del Campo Amistad, reflejan la incapacidad de atraer capital.
El contexto global no ayuda. El precio del crudo WTI, referencia para Ecuador, cayó a $58.21 por barril en mayo de 2025, por debajo de los $63.57 estimados en el presupuesto fiscal, con un castigo de $7-10 por la viscosidad del crudo ecuatoriano. La sobreproducción de la OPEP+ y la guerra arancelaria entre EE. UU. y China han deprimido los precios, reduciendo los ingresos por exportaciones, que pasaron de $2,032 millones en el primer trimestre de 2024 a $1,814 millones en 2025.
La importación de combustibles creció un 21% (17.7 millones de barriles), frente a una demanda energética que aumentó un 5%, lo que evidencia la dependencia externa y la insuficiencia de refinación local. La economía, en recesión desde 2024 con una contracción del PIB del 2%, sufre por la menor renta petrolera, que afecta a gobiernos locales, universidades y comunidades amazónicas.
El gobierno de Daniel Noboa propuso en 2024 un plan para elevar la producción a 550,000 barriles diarios en 2025, pero la meta está lejos: en abril se extrajeron 471,539 barriles, 100,000 menos que el objetivo. Para revertir la crisis, expertos como José Orellana y Nelson Baldeón sugieren captar inversión privada mediante contratos de participación, renegociar contratos de servicio (que promedian $39 por barril) y priorizar la exploración para aumentar reservas. Una propuesta clave es la licitación de los bloques 16 y 67 en Orellana, con una inversión estimada de $300 millones, y la concesión del campo Sacha a un consorcio chino-canadiense por $1,500 millones para incrementar su producción a 100,000 barriles diarios. Sin embargo, gremios como la Antep rechazan esta medida, alegando que Petroecuador puede operar Sacha eficientemente.
La falta de liderazgo claro y la priorización de temas electorales sobre el sector hidrocarburífero, según Baldeón, agravan el problema. La emergencia energética declarada en 2024 ofrece una oportunidad para delegar bloques a privados sin riesgo estatal, pero la ejecución ha sido lenta. Mientras, la producción nacional de combustibles cayó un 12.2% y las reservas petroleras se agotan, amenazando con convertir a Ecuador en un “ex país petrolero” si no se actúa con urgencia.
