La Asamblea Nacional avanza en el tratamiento de un proyecto de ley enfocado en otorgar un mandato operativo integral al Estado para bloquear, rastrear y judicializar el uso de telecomunicaciones no autorizadas en los centros de privación de la libertad. La iniciativa, impulsada por el legislador Ferdinan Álvarez, propone reformar la Ley de Telecomunicaciones, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Inteligencia para declarar oficialmente a los recintos penitenciarios como zonas de seguridad en telecomunicaciones. El trámite inició en la Comisión de Seguridad Integral con las comparecencias de delegados del Consejo de la Judicatura y de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, gremio que ratificó su respaldo técnico para delimitar funciones institucionales de prevención.
La propuesta técnica obliga a las operadoras telefónicas a coordinar acciones en tiempo real con el SNAI, la Arcotel y la Policía Nacional para implementar medidas como la reconfiguración de celdas, ajustes de potencia e instalación de sistemas de acceso gestionado e inhibidores selectivos que no interfieran con la señal exterior de terceros. En el ámbito legal, el proyecto contempla un incremento de un tercio en la pena máxima si un delito se comete mediante comunicaciones inalámbricas desde el interior de una prisión, castiga con tres a cinco años de cárcel a los servidores que faciliten dichos equipos y dispone la aplicación de la extinción de dominio sobre los bienes vinculados a estas actividades ilícitas.
