El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió el 17 de mayo de 2025 a la nueva Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente para desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, declarado en 2024. La iniciativa, que combina incentivos tributarios y reformas penales, busca fortalecer al Bloque de Seguridad y combatir la delincuencia organizada mediante rebajas de impuestos para donaciones a las fuerzas públicas, prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con el conflicto, y la tipificación de pertenecer a grupos armados como delito con penas de hasta 26 años. Sin embargo, juristas como Édison Peñafiel y analistas como Alberto Acosta Burneo señalan que, aunque bien intencionada, la propuesta tiene problemas jurídicos. Peñafiel argumenta que crea un “estado excepcional” no previsto en la Constitución, afectando derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso, mientras Acosta Burneo critica la falta de claridad en la definición del conflicto armado interno.
La propuesta, aún no calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), también permite allanamientos sin orden judicial y indultos anticipados para militares y policías, lo que genera temores de abusos de poder. Según la exasambleísta Ana Belén Cordero, más de la mitad del proyecto podría ser inconstitucional, citando precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra medidas similares en México. Además, la tipificación de pertenencia a bandas criminales podría derivar en detenciones arbitrarias, según analistas. La Asamblea tiene 30 días para tramitar el proyecto, pero su aprobación enfrenta resistencia por posibles roces con la Corte Constitucional y el riesgo de exacerbar la violencia si los grupos criminales se sienten acorralados. Noboa, desde Roma, insiste en la urgencia de estas medidas para proteger a la ciudadanía y reactivar la economía en zonas afectadas por el crimen.
