El asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana (RC) y presidente del movimiento Renovación Total (RETO), Raúl Chávez Núñez del Arco, junto con su hermano Gabriel, forman parte del grupo de 26 personas procesadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el denominado caso Goleada. En esta causa penal se investiga el presunto delito de lavado de activos a través de una supuesta red empresarial liderada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, su círculo familiar y personas de confianza, quienes habrían utilizado operaciones comerciales y financieras derivadas de la comercialización irregular y contrabando de combustibles para blanquear recursos económicos de origen ilícito.
De acuerdo con la teoría del caso estructurada por el Ministerio Público, la cual se sustenta en las revelaciones de José Ricardo Cevallos Avellán —testigo protegido del proceso y excolaborador de las firmas de la familia Alvarez—, Raúl Chávez mantenía una estrecha relación de amistad con el burgomaestre porteño, quien presuntamente lo incorporó al consorcio “Grupo Remo” como comisionista del sector industrial. Para la canalización de los fondos, los hermanos Chávez constituyeron legalmente la empresa CHN S.A. el 14 de junio de 2023, registrando al legislador correísta como el gerente general y accionista mayoritario con el 99,5 % de las participaciones, mientras que su hermano Gabriel asumió la representación legal y el 0,5 % restante.
Las auditorías de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y los rastreos fiscales determinaron que, por solicitud de Raúl Chávez, se habrían ordenado transferencias bancarias desde Corpalubri (empresa de Aquiles Alvarez) hacia CHN por un monto superior a los $ 150.000. Para justificar contablemente la salida del dinero, la firma de los hermanos Chávez emitió facturas a Corpalumbre que rozan los $ 400.000 bajo conceptos presuntamente ficticios de “planificación de gestión” y “estudios de variación de combustible”. El expediente detalla que las partes llegaron a suscribir un contrato con fecha retroactiva en enero de 2024 para otorgar una fachada de legalidad, debido a que la compañía CHN nunca prestó servicios reales.
Adicionalmente, las pesquisas de la UAFE detectaron marcadas inconsistencias entre los ingresos declarados por el asambleísta en el sistema financiero y lo reportado ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), evidenciando transferencias inorgánicas a su favor por $ 45.000 en 2023 y por $ 117.000 durante el año 2024. Los beneficios económicos de la presunta red también habrían incluido la entrega de dos vehículos de alta gama (un Toyota Fortuner de la empresa Ternape y un Ford F-150) transferidos a Chávez y su firma mediante cruces de cuentas simulados y cartas de venta sin pagos reales, transacciones que no constan registradas en los estados financieros presentados ante la Superintendencia de Compañías.
En el plano estrictamente político, el testimonio anticipado del delator José Cevallos Avellán expuso que Raúl Chávez habría sido el nexo que introdujo a Aquiles Alvarez ante el expresidente y líder de la RC, Rafael Correa, vendiendo la propuesta de su candidatura para la Alcaldía de Guayaquil en los comicios seccionales de 2023 a cambio de un pago de $ 250.000 distribuidos en especies y efectivo. Según la versión del testigo, la figura de Alvarez resultó altamente atractiva para el correísmo por tratarse de un perfil con capacidad de autofinanciamiento, al punto de sufragar también gastos de la campaña presidencial de Luisa González en la primera y segunda vuelta de 2023, con la presunta proyección a largo plazo de separarse de la organización para impulsar una agenda política independiente.
Actualmente, el paradero del legislador Raúl Chávez es desconocido debido a que pesa sobre él una orden judicial de prisión preventiva dictada en el marco de las instrucciones fiscales del caso Goleada. Previo a la emisión de las medidas cautelares en su contra, Chávez había formalizado ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional una solicitud y un certificado médico por complicaciones de salud para poder participar a distancia de las sesiones del Pleno y de la Comisión de Niñez y Adolescencia. Pese a encontrarse en la clandestinidad, el parlamentario emitió un pronunciamiento en sus redes sociales descalificando los argumentos de la Fiscalía y del testigo protegido, asegurando que sus cuentas están auditadas al milímetro, que pagó sus impuestos debidamente y que se defenderá de las acusaciones haciendo uso de la virtualidad en la medida de lo jurídicamente posible.
