Los administradores y encargados de las atracciones mecánicas instaladas cerca del parque Samanes, en el norte de Guayaquil, enfrentan graves implicaciones legales luego de que el Municipio constatara el retiro no autorizado de los sellos de clausura y la continuidad de sus actividades. Tras registrarse accidentes con heridos de gravedad, el Cabildo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para determinar la autoría del hecho, lo que abre un proceso de investigación penal independiente de las sanciones administrativas vigentes.
De acuerdo con el criterio del penalista Kléber Siguencia, las conductas observadas se encuadran en los artículos 282 y 284 del Código Orgánico Integral Penal, los cuales tipifican el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad y la rotura de sellos. Ambos delitos contemplan penas de uno a tres años de privación de libertad, montos acumulables según la valoración judicial de concurso de infracciones, además de las multas estatales y la obligación de asumir una reparación integral que cubra gastos médicos y secuelas a favor de los ciudadanos afectados.
Paralelamente a la vía judicial, el Municipio de Guayaquil procedió con una segunda clausura e inició un nuevo expediente administrativo sancionador. Las autoridades precisaron que las atracciones operaron de forma irregular y que los representantes del negocio no acudieron a las notificaciones de la Comisaría. De cara a un eventual restablecimiento del servicio, el establecimiento estará obligado a subsanar la totalidad de permisos requeridos, someter los equipos a inspecciones técnicas y esperar la resolución de las posibles medidas de protección dictadas por la Fiscalía.
