El testimonio del testigo protegido y cooperador eficaz José Ricardo Cevallos Avellán, sumado a la explotación técnica de dos teléfonos celulares y un computador portátil, constituye el pilar de la investigación penal dentro del denominado caso Laberinto. La causa, que indaga el presunto lavado de activos en el financiamiento de la campaña presidencial de Luisa González (Revolución Ciudadana) en 2023, dio un giro tras el análisis de chats y registros contables que evidencian la canalización de recursos presuntamente ilícitos mediante el entramado empresarial de Aquiles Alvarez. Según los expedientes fiscales, las diligencias partieron de las denuncias que el propio Cevallos presentó en diciembre de 2025.
De acuerdo con el testimonio que consta en el proceso, los desembolsos iniciaron en junio de 2023 por disposición directa de Alvarez, gestionados a través de su exasistente Viviana Aguayo y coordinados en grupos de mensajería para que los gastos electorales fueran cubiertos por la firma Ternape Petroleum S.A. El esquema incluyó la emisión de facturas por insumos no afines a la actividad comercial de la compañía —como material publicitario y proformas para cierres de campaña por montos de hasta $50.000—, además de la emisión de cheques al portador gestionados por Wendy Onofre para pagar en efectivo a proveedores no registrados. Las pericias estiman que los aportes canalizados por esta vía superaron los $700.000, de los cuales la Fiscalía calcula que cerca de $500.000 provendrían de actividades irregulares ligadas a la comercialización de hidrocarburos.
El caso Laberinto se originó a partir de las observaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las cuentas del binomio González-Arauz en las elecciones de 2023, cuyas inconsistencias derivearon en sanciones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la posterior remisión del expediente a la Justicia ordinaria. Con base en estos elementos, el pasado 22 de octubre de 2026 la Fiscalía formuló cargos por presunto lavado de activos y un juez dictó prisión preventiva contra Luisa González, Wendy Onofre, Joseph Díaz y Estefanía Molina, mientras se mantiene en investigación al excandidato vicepresidencial Andrés Arauz.
