El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia condenó a cinco años de pena privativa de libertad a la exjueza multicompetente de Montecristi, Gina Z., tras hallarla culpable del delito de prevaricato. La causa fue impulsada por la Fiscalía General del Estado e inició de oficio en marzo de 2023, luego de detectarse que la exfuncionaria ordenó la liberación de dos personas sentenciadas por femicidio que cumplían sus condenas en el Centro de Rehabilitación Social El Turi, en la provincia de Azuay.
El proceso judicial avanzó hasta la etapa de llamamiento a juicio, pero debió suspenderse temporalmente debido a que la procesada se encontraba prófuga. En mayo de 2026, tras ser deportada desde Estados Unidos a Ecuador, la causa se reactivó. Durante la audiencia de juzgamiento, el Fiscal Provincial de Manabí presentó pruebas testimoniales, informes de reconocimiento del lugar y pericias de levantamiento de evidencias que sustentaron la acusación contra la exjuzgadora.
Entre los elementos probatorios destacados consta el acta de octubre de 2023 en la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió su destitución. Las investigaciones determinaron que la exjueza actuó sin competencia territorial al emitir fallos favorables para personas privadas de la libertad en centros de reclusión de provincias como Guayas, Cañar, Azuay, Pichincha y Loja, quienes enfrentaban procesos por delitos contra la vida y la propiedad.
