La tasa minera, vigente desde el 31 de mayo tras la resolución 2025-0028-R de Arcom, comenzó a cobrarse en julio para titulares de concesiones mineras metálicas y no metálicas, excluyendo materiales de construcción. Los pagos, basados en porcentajes del salario básico por hectárea (3 % al 100 %), varían según el régimen (pequeña, mediana, gran escala) y fase (exploración, explotación). Licencias de comercialización pagan 10 salarios básicos.
Los plazos establecen dos pagos semestrales para mediana y gran escala (31 de julio y 31 de enero) y un pago anual para pequeña minería y régimen general (31 de enero). Notificaciones se emitieron entre el 1 y 5 de julio, con procesos coactivos desde agosto o febrero por incumplimiento. Para 2025, el pago es proporcional al tiempo de vigencia, proyectando recaudar $100 millones este año y $220 millones en 2026 para financiar Arcom.
La industria minera, liderada por la Cámara de Minería, rechaza la tasa por su impacto en la fase de exploración, donde se invierte sin retornos inmediatos. Empresas advierten que los costos, superiores a las patentes, comprometen la seguridad jurídica y las inversiones, afectando el desarrollo del sector.
La empresa Hanrine, subsidiaria de Hancock Prospecting, presentó el 1 de julio una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra los artículos 1 y 2 de la resolución Arcom-003/25, argumentando fallos de forma y fondo. La medida, según la minera, pone en riesgo la industria al cambiar las reglas abruptamente.
