El 30 de junio de 2025, la Fiscalía de Ecuador anunció que dos mujeres y un hombre, de nacionalidad venezolana, fueron enviados a prisión preventiva en la Penitenciaría del Litoral por liderar una red de explotación sexual de mujeres venezolanas en Guayaquil. El operativo, ejecutado el 27 de junio por la Unidad Nacional de Investigación Contra la Trata de Personas (UNAT), rescató a diez mujeres, incluida una menor de 15 años, de tres inmuebles en Ietel y Urdesa que funcionaban como prostíbulos.
La investigación, iniciada en febrero tras desmantelar otro prostíbulo, reveló que las víctimas eran captadas mediante redes sociales con falsas ofertas de trabajo. Algunas fueron reclutadas en Venezuela, con pasajes pagados que generaban deudas impagables, y otras en Ecuador. Las mujeres eran encerradas, maltratadas y amenazadas para forzarlas a prostituirse. Entre los indicios incautados figuran un arma de fuego, 14 celulares, una laptop y dinero en efectivo.
Edwin Íñiguez, jefe de UNAT, señaló que, aunque la prostitución no es ilegal en Ecuador, las condiciones de coacción y encierro constituyen trata de personas, delito que enfrenta hasta 26 años de prisión. La menor rescatada fue trasladada a un centro de acogida mientras se verifica si tiene familiares en el país.
Este caso, el segundo en junio tras el rescate de ocho venezolanas en Rumiñahui, evidencia la vulnerabilidad de migrantes venezolanas ante redes de trata. Las autoridades ecuatorianas, en coordinación con Colombia, han facilitado el retorno de varias víctimas a Venezuela, reforzando la lucha contra el crimen transnacional.
La operación destaca los esfuerzos de Ecuador por desarticular redes de explotación sexual, mientras se intensifica la protección a migrantes víctimas de estas redes, que operan con nexos internacionales y tácticas de engaño.
