El Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. bloqueó los aranceles “recíprocos” impuestos por el presidente Donald Trump el 2 de abril, argumentando que exceden su autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). La corte dictaminó que el Congreso, no el presidente, tiene el poder exclusivo para regular el comercio internacional, invalidando gravámenes que iban del 10% al 50% según el país. La administración Trump apeló el fallo el mismo día, buscando revertir la decisión.
La sentencia, emitida por un panel de tres jueces, señala que la IEEPA no otorga al presidente facultades ilimitadas para imponer aranceles globales, especialmente sin justificar una emergencia nacional válida. Los jueces destacaron que los déficits comerciales, usados por Trump como excusa, son una condición habitual, no una amenaza extraordinaria. La decisión responde a demandas de estados demócratas y empresas afectadas, que argumentaron que los aranceles causarían inflación y desempleo.
La Casa Blanca, a través del portavoz Kush Desai, defendió los aranceles, afirmando que no corresponde a “jueces no electos” decidir sobre emergencias nacionales. La apelación fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, con posibilidad de escalar al Tribunal Supremo. La administración sostiene que los aranceles combaten déficits comerciales históricos, aunque analistas advierten que podrían encarecer bienes y frenar el crecimiento económico.
El fallo representa un revés significativo para la política comercial de Trump, que busca presionar a países como China, México y Canadá. Algunos aranceles, como los del 25% al acero y automóviles, se mantienen bajo otras normativas. La corte otorgó 10 días al Ejecutivo para ajustar las medidas, lo que genera incertidumbre en los mercados globales, que celebraron la sentencia con alzas en las bolsas.
Esta batalla legal marca un precedente sobre los límites del poder presidencial en el comercio. Mientras la apelación avanza, países como China han instado a cancelar los aranceles, advirtiendo que las guerras comerciales no benefician a nadie. La resolución final podría redefinir la política económica de EE. UU. y sus relaciones comerciales globales.
