Un tribunal de Pichincha dictó sentencia contra los involucrados en el caso Pruebas COVID-19 por el delito de delincuencia organizada, imponiendo nueve años y cuatro meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo Jacobo Bucaram Pulley en calidad de colaboradores. Por su parte, el exagente de tránsito Leandro Berrones fue condenado a trece años y cuatro meses de cárcel como autor directo. La causa investigó las irregularidades en la comercialización de mascarillas y pruebas de diagnóstico durante la emergencia sanitaria de 2020, maniobras que incluyeron transacciones en efectivo por más de 320.000 dólares e infracciones derivadas como estafa y uso de documentos falsificados.
En la misma resolución judicial, emitida la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026, el procesado de nacionalidad israelí Sheinman Oren recibió una pena reducida de dos años y ocho meses de prisión. Aunque inicialmente le correspondían trece años y cuatro meses por su rol de liderazgo en la red, el tribunal aplicó un beneficio de rebaja condicional gracias al esquema de cooperación eficaz, al determinarse que sus testimonios y pruebas digitales resultaron decisivos para esclarecer el funcionamiento del entramado. Un juez de garantías penitenciarias deberá resolver el cómputo final del tiempo que le resta por cumplir en prisión, considerando que Oren permaneció bajo arresto entre noviembre de 2020 y junio de 2023, periodo tras el cual continuó el proceso con medidas sustitutivas.
