El 30 de junio de 2025, un Tribunal de Garantías Penales Especiales condenó a Julio Alberto M. A., alias Negro Tulio, líder de los Chone Killer, y a su esposa, Alexandra E. A., a 13 años de prisión por delincuencia organizada, tras ser señalados por la Fiscalía como cabecillas de una red con vínculos de corrupción en el Municipio de Durán. También se les impuso una multa de 60 salarios básicos unificados.
Siete coacusados fueron sentenciados a 10 años de prisión y multas de 40 salarios básicos, mientras que ocho servidores públicos recibieron 13 años y cuatro meses, con multas de 80 salarios básicos, debido a su participación en la estructura delictiva. La Fiscalía retiró los cargos contra Érika V. y Cindy M., ordenando su liberación, aunque el tribunal expresó desacuerdo por pruebas incriminatorias.
El tribunal destacó que las pruebas sugerían nexos con el alcalde de Durán, Luis Chonillo, y ordenó a la Fiscalía investigarlo por su presunta participación en la red, sin que este haya emitido un pronunciamiento público. También dispuso que la Contraloría realice un examen especial al Municipio, Registro de la Propiedad y Cuerpo de Bomberos.
Negro Tulio ya enfrentaba una condena de 34 años y 8 meses por terrorismo, derivada de atentados en 2022 contra unidades policiales, gasolineras y funcionarios públicos. Este nuevo fallo refuerza las acciones contra el crimen organizado en Durán, donde las redes de corrupción han permeado instituciones públicas.
La sentencia refleja el esfuerzo de las autoridades por desmantelar estructuras delictivas, pero el llamado a investigar al alcalde y la liberación de dos acusadas generan debate sobre la transparencia y consistencia en la aplicación de la justicia en este caso.