El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la firma de una orden ejecutiva que apunta a las denominadas “ciudades santuario”, jurisdicciones que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales para proteger a inmigrantes indocumentados. La medida, que se espera sea oficializada este lunes, ordenará al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional retener fondos federales a estas localidades, además de permitir acciones legales contra ellas por no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta iniciativa refuerza la postura de Trump contra la inmigración irregular, un tema central de su administración.
La orden ejecutiva responde a la percepción de Trump de que las ciudades santuario, como Chicago, Nueva York o San Francisco, protegen a “delincuentes” al no compartir información sobre el estatus migratorio de personas detenidas. Sin embargo, estas jurisdicciones argumentan que sus políticas fomentan la confianza de las comunidades migrantes, permitiendo que víctimas y testigos denuncien delitos sin temor a ser deportados. La medida de Trump, que también incluye una orden sobre “ley y orden”, busca presionar a los gobiernos locales para que alineen sus prácticas con las políticas migratorias federales, aunque enfrenta resistencia de líderes demócratas que defienden la autonomía local.
Esta no es la primera vez que Trump intenta sancionar a las ciudades santuario. Durante su primer mandato, órdenes similares fueron bloqueadas por tribunales federales, como en 2017 y 2025, cuando el juez William Orrick dictaminó que tales medidas violaban la separación de poderes y la Constitución. La nueva orden ejecutiva podría desencadenar una nueva ola de demandas legales, ya que ciudades como San Francisco han desafiado exitosamente estas políticas en el pasado. Mientras tanto, la medida intensifica el debate sobre inmigración en Estados Unidos, polarizando aún más a defensores y detractores de las políticas de “santuario”.
El impacto de la orden ejecutiva dependerá de su implementación y de las respuestas judiciales y políticas que genere. Las ciudades santuario, respaldadas por argumentos éticos y prácticos, sostienen que su enfoque protege a comunidades vulnerables y fortalece la seguridad pública. Por otro lado, la administración Trump insiste en que estas jurisdicciones obstaculizan la aplicación de la ley migratoria federal. Con 14 millones de inmigrantes indocumentados en el país, según estimaciones, el resultado de esta confrontación podría redefinir las relaciones entre el gobierno federal y las autoridades locales, marcando un hito en la política migratoria estadounidense.
