La administración del presidente Donald Trump ha anunciado planes para cancelar todos los contratos federales restantes con la Universidad de Harvard, valorados en aproximadamente 100 millones de dólares, según una carta que será enviada a agencias federales. Esta medida, reportada por diversos medios, forma parte de una estrategia para ejercer mayor control sobre una de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo, acusándola de prácticas discriminatorias y de tolerar comportamientos antisemitas en su campus.
El Comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Josh Gruenbaum, ha instruido a las agencias federales que revisen sus contratos con Harvard, rescindiendo aquellos no considerados esenciales y trasladando los servicios críticos a otros proveedores. Desde el mes pasado, la administración ya ha congelado cerca de 3,200 millones de dólares en subvenciones y contratos, además de intentar bloquear la matrícula de estudiantes internacionales, una medida temporalmente suspendida por una jueza federal. Estas acciones se enmarcan en lo que el gobierno describe como una lucha por los derechos civiles, criticando a Harvard por un supuesto sesgo progresista y falta de protección a estudiantes judíos.
Harvard, con un fondo de 53,000 millones de dólares, ha respondido desafiando las exigencias del gobierno, argumentando que estas violan su autonomía y libertades académicas. El presidente de la universidad, Alan Garber, ha calificado la prohibición de matricular estudiantes internacionales, que representan el 27% de su alumnado, como un golpe devastador. La institución ha presentado demandas legales para restaurar los fondos federales y recuperar su capacidad de aceptar estudiantes extranjeros, mientras una audiencia judicial determinará el futuro de estas restricciones.
La ofensiva de Trump contra Harvard no es un caso aislado, ya que otras universidades de la Ivy League, como Columbia, también enfrentan recortes de fondos y acusaciones similares. La administración ha exigido a Harvard cambios en su estructura de gobierno, políticas de admisión y supervisión de protestas estudiantiles, además de solicitar listas de estudiantes extranjeros para identificar a aquellos que considera “hostiles” a los valores estadounidenses. Estas demandas han sido rechazadas por la universidad, que insiste en defender su independencia frente a lo que describe como un intento de control gubernamental.
Este enfrentamiento pone en riesgo no solo la estabilidad financiera de Harvard, sino también su prestigio global y su capacidad para atraer talento internacional. Mientras el gobierno de Trump intensifica su campaña contra instituciones académicas de élite, el caso de Harvard podría sentar un precedente sobre los límites del poder federal en la educación superior. La resistencia de la universidad, respaldada por figuras como el expresidente Barack Obama, sugiere que este conflicto está lejos de resolverse, con implicaciones profundas para la autonomía universitaria en Estados Unidos.
