A dos semanas del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que causó una enorme devastación en el norte de Venezuela, el país ha agotado la ventana del rescate inmediato y comienza a adentrarse en el desafío de la reconstrucción. El balance oficial registra hasta el momento 3685 fallecidos y 16740 heridos, mientras el manejo gubernamental se apoya principalmente en una inédita asistencia técnica internacional. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detalló que se coordinó el arribo de más de 3000 rescatistas procedentes de 30 países bajo la coordinación de las Naciones Unidas, quienes se sumaron a unos 10000 efectivos locales desplegados sobre todo en la costa del estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por la catástrofe.
Pese al despliegue internacional, la respuesta estatal ha estado marcada por el descontento de la ciudadanía, que debió asumir los primeros auxilios con sus propias manos ante la ausencia inicial de organismos de seguridad. La militarización de La Guaira se concretó mediante decreto, pero familiares de las víctimas denunciaron que los uniformados llegaron con armamento en lugar de las herramientas necesarias para la remoción de escombros. Adicionalmente, las críticas persisten debido a la falta de actualización del registro de personas con paradero desconocido, pues mientras el Gobierno reportó inicialmente 157 desaparecidos, la iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ estima que más de 30100 personas siguen sin ser localizadas.
Con la mira puesta en el mediano plazo, las autoridades ya administran cerca de 90 refugios temporales para atender a 17907 damnificados, al tiempo que se ejecutan planes de inspección de infraestructuras dañadas. El Ejecutivo chavista ha prometido garantizar viviendas antes de finalizar el año para quienes sufrieron pérdida total, para lo cual ha iniciado un giro diplomático acelerado tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. Esta apertura incluye coordinaciones de terreno con la ONU, organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y naciones con las que mantenía tensiones o no poseía nexos formales, buscando asegurar el flujo de capital indispensable para financiar las obras de rehabilitación.
