julio 8, 2025 | Actualizado ECT
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Wilman Terán, alias ‘Diablo’, condenado a seis años y ocho meses de cárcel en el Caso Pantalla

El expresidente del Consejo de la Judicatura fue sentenciado por asociación ilícita tras influenciar la selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia.

julio 7, 2025 | 18:15 ECT

Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, ha sido sentenciado a seis años y ocho meses de prisión por el delito de asociación ilícita, en el marco del sonado “Caso Pantalla”. La condena fue emitida este 7 de julio de 2025 por el Tribunal de juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los conjueces Vinicio Rodríguez Mongón y Rodrigo Sarango, junto al juez Lauro Javier de la Cadena.

El Tribunal determinó que Terán, conocido también como ‘Diablo’, ejerció influencia sobre funcionarios de menor jerarquía dentro de la Judicatura. Su objetivo era favorecer a ciertos participantes en diversas etapas del concurso público para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, proceso que se inició en junio de 2023. Específicamente, se comprobó que Terán, a través de sus asesores, presionó a una exjueza de Santo Domingo de los Tsáchilas para que accediera y se beneficiara del banco de preguntas del concurso. Además de la pena de prisión, Terán fue multado con 12 salarios básicos unificados, equivalentes a $5.520, y deberá pagar $35.877 como reparación integral, así como la prohibición de enajenar bienes y la retención de fondos en el sistema financiero nacional.

En este mismo caso, han sido procesados otros individuos, incluyendo a los asesores de Terán, Milton Herrera y Santiago Cifuentes, Juan Carlos E. R., otro exasesor, David Guzmán, exdirector general de la Judicatura, y Anabell de Jesús T. C., la exjueza. Guzmán, Cifuentes y Herrera ya han sido sentenciados, mientras que Anabell de Jesús T. C. es considerada prófuga de la justicia por una orden de prisión preventiva incumplida. Adicionalmente, la Procuraduría ha señalado que Wilman Terán debería devolver más de $215.000 al Estado por un concurso fallido que intentó manipular, aunque esta es una cuestión separada.

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