El pleno del Consejo de la Judicatura implementó una estrategia de depuración institucional orientada a resolver 1.005 expedientes disciplinarios en riesgo de prescribir hasta diciembre de 2026. Tras conocer un informe técnico detallado que sitúa la mayor carga de caducidad en el último trimestre del año —con picos de 161 casos en octubre y 244 en diciembre—, el máximo organismo de la administración judicial aprobó un cronograma de contingencia. La planificación contempla la realización de entre ocho y trece sesiones extraordinarias mensuales y la obligatoriedad de que las direcciones provinciales remitan los procesos administrativos a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario con un mínimo de cuatro meses de anticipación a su vencimiento.
Esta nueva dinámica de fiscalización interna coincide con la reestructuración del pleno, que desde finales de abril se encuentra presidido por Mercedes Caicedo, tras la destitución parlamentaria del anterior titular, Mario Godoy. Bajo la conducción de Caicedo, el Consejo adoptó una política de cero tolerancia frente a la inacción administrativa, logrando destituir a 23 servidores judiciales —incluyendo a 13 jueces y dos directores provinciales— en el primer cuatrimestre del año. No obstante, las alarmas institucionales se encendieron al detectarse que ciertos directores provinciales se atribuían funciones exclusivas del pleno para archivar investigaciones y sumarios de forma deliberada, lo que motivó la apertura de expedientes por negligencia y suspensiones en delegaciones como la de Manabí.
Proyección de expedientes disciplinarios con riesgo de prescripción en 2026:
- Julio: 116 expedientes
- Agosto: 115 expedientes
- Septiembre: 157 expedientes
- Octubre: 161 expedientes
- Noviembre: 136 expedientes
- Diciembre: 244 expedientes
Paralelamente a las reformas procesales, las autoridades de la Judicatura presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para investigar una presunta red de extorsión interna. Según las investigaciones preliminares, existían funcionarios que exigían cobros económicos a jueces y fiscales a cambio de alterar informes disciplinarios relacionados con dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, conductas que configurarían los delitos de concusión o tráfico de influencias. El endurecimiento de los controles también alcanzó a la Dirección Provincial de Los Ríos, donde una auditoría técnica de la Subdirección de Control Disciplinario reveló graves inconsistencias, falta de motivación en los fallos y cinco expedientes ya prescritos, a pesar de que la dependencia registraba un exceso de personal y baja carga laboral.
