El asambleísta Santiago Díaz A se entregó este lunes a las autoridades tras emitirse una orden de detención con fines de formulación de cargos en su contra. La Fiscalía General del Estado lo investiga como presunto autor del delito de violación a una menor de edad, en un caso que ha generado rechazo tanto en la ciudadanía como en los mismos sectores políticos que lo respaldaron.
La denuncia fue presentada por el padre de la víctima, quien expuso que el hecho habría ocurrido cuando la menor estaba bajo el cuidado de su madre.
A esta controversia se suma un hecho que ha sido recordado en redes sociales y por analistas: meses atrás, Díaz impulsó una polémica propuesta legislativa para discutir el consentimiento sexual en menores de edad, un intento de modificación del marco legal ecuatoriano que, con el contexto actual, ha sido interpretado por muchos como un esfuerzo con posibles motivaciones personales. La legislación vigente en Ecuador establece claramente que las relaciones sexuales con menores de 14 años constituyen violación, sin importar el consentimiento.
La audiencia de formulación de cargos se realizará en las próximas horas, y en ella se definirá su situación jurídica y la posible aplicación de medidas cautelares. Mientras tanto, la presión crece sobre la Asamblea Nacional, que enfrenta un nuevo caso de escándalo vinculado a uno de los miembros de la bancada de la Revolución Ciudadana.
El caso de Joseph Díaz pone sobre la mesa, una vez más, la urgencia de mecanismos efectivos de control, ética y transparencia en el proceso de selección de candidaturas, así como el compromiso real de los partidos políticos frente a denuncias de violencia sexual, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos.
