La fusión de seis ministerios y seis secretarías, junto con el despido de 5.000 funcionarios públicos, decretada por Daniel Noboa el 24 de julio, desencadenó un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional. Legisladores de Revolución Ciudadana y Pachakutik solicitan información y planean citar a autoridades.
Héctor Rodríguez (correísmo) calificó la medida como “antitécnica e inconstitucional”, pidiendo datos a 20 instituciones. Mariana Yumbay (Pachakutik) cuestionó los despidos, exigiendo criterios técnicos y alertando sobre un “desmantelamiento del Estado” ligado al FMI, que profundizaría la pobreza y el desempleo.
Otto Vera (PSC) apoyó la decisión, destacando un ahorro anual de 150 millones de dólares y capacidad de endeudamiento de 1.500 millones para necesidades sociales. Sin embargo, no descarta fiscalizar si los servicios se precarizan.
Inés Alarcón y Nathaly Farinango (ADN) defendieron la fusión como un paso hacia la eficiencia, respaldando la transparencia y una fiscalización responsable, sin afectar competencias ministeriales.
