La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, aclaró este miércoles 5 de noviembre que la inmovilización administrativa de fondos a ciertas organizaciones sociales, ocurrida tras el paro nacional, no es una decisión emanada de la Presidencia de la República. Jaramillo explicó que se trata de una “medida cautelar” ejecutada dentro de procesos judiciales que se inician por “reportes de operaciones inusuales”.
“Esto inicia como un reporte de operaciones inusuales, pero no depende de la Presidencia. Ya está en manos de la justicia y son procesos que tienen una línea de investigación”, señaló la funcionaria, precisando que el Ejecutivo no tiene competencia para intervenir en estos casos, ya que las decisiones corresponden a las autoridades judiciales o fiscales.
La inmovilización de cuentas ha afectado a organizaciones como Alianza Ceibo y fundaciones vinculadas a la defensa ambiental y de derechos colectivos, que denunciaron que los bloqueos se ejecutaron sin notificación ni justificación formal. Estos bloqueos se dan en el contexto del paro nacional convocado por la CONAIE y otras agrupaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, lo que ha generado denuncias de persecución y criminalización de líderes comunitarios por el inicio de investigaciones judiciales.
En otro tema, Jaramillo confirmó que el pago adelantado del decimotercer sueldo se realizará el 16 de noviembre, por disposición del presidente Daniel Noboa, como una medida para fomentar la reactivación económica del país.
