La provincia de Esmeraldas enfrenta una nueva escalada de inseguridad tras registrarse la quema de al menos seis vehículos en distintos puntos estratégicos de la capital provincial. Los ataques, perpetrados de manera simultánea, han generado un ambiente de zozobra entre la población y los transportistas, quienes denuncian ser víctimas constantes de redes de extorsión que exigen pagos a cambio de seguridad. La magnitud de los incidentes obligó a las autoridades a desplegar contingentes militares y policiales adicionales para intentar retomar el control de las zonas más conflictivas y evitar que los disturbios se extiendan a otros sectores comerciales.
Según los informes de inteligencia, estos actos vandálicos son una respuesta de las organizaciones criminales ante las recientes operativos de seguridad y la negativa de ciertos sectores productivos a ceder ante las llamadas vacunas. El sector comercial ha decidido cerrar sus puertas de manera anticipada por temor a represalias, mientras que las clases en algunos centros educativos fueron suspendidas para resguardar la integridad de los estudiantes. El gobierno nacional ha declarado que no retrocederá en su lucha contra el crimen organizado, aunque la ciudadanía exige soluciones inmediatas ante la evidente vulnerabilidad que atraviesa esta región del país.
