El Lago de Maracaibo, epicentro histórico de la riqueza energética de Venezuela, muestra este lunes 20 de enero de 2026 una actividad frenética no vista en años. Desde la incursión militar estadounidense del 3 de enero, el flujo de buques petroleros en muelles como Bajo Grande ha sido constante. Reportes de monitoreo marítimo confirman que Chevron, la principal operadora estadounidense en el país, ha desplegado al menos 11 embarcaciones para agilizar la exportación de crudo pesado hacia las refinerías del Golfo de México. Esta reactivación ocurre bajo un esquema de control estricto impuesto por la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro.
El presidente Donald Trump ha asumido el mando estratégico de la industria, exigiendo que Venezuela entregue de forma inmediata entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para las reservas de Estados Unidos. Según el mandatario republicano, estos recursos servirán como parte del pago por la “reconstrucción” de la infraestructura nacional, la cual requiere inversiones estimadas en 100000 millones de dólares. Bajo este nuevo marco, Washington no solo supervisa la comercialización del crudo, sino que también controla el destino de los fondos resultantes, depositándolos en cuentas internacionales para su desembolso condicionado.
Por su parte, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha centrado su discurso en el impacto social de esta recuperación progresiva. El 13 de enero de 2026, Rodríguez anunció que la prioridad del Gobierno de transición será destinar “cada dólar que ingrese” a la rehabilitación de 75 centros de salud en todo el país, severamente afectados por años de desinversión. Mientras se discute una reforma a la Ley de Hidrocarburos para permitir más inversión privada, la industria intenta estabilizar una producción que ronda apenas los 800000 barriles diarios, lejos de los 3000000 que el país producía hace dos décadas.
