La crisis diplomática entre Quito y Bogotá se ha trasladado al sector hidrocarburífero este jueves 22 de enero de 2026. Tras la decisión de Colombia de cortar la venta de electricidad a Ecuador, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció que el país aplicará el principio de reciprocidad en la tarifa de transporte de crudo colombiano a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Manzano enfatizó que Ecuador priorizará de ahora en adelante su seguridad energética y fronteriza, así como su balanza comercial, sugiriendo un incremento en los costos operativos para las empresas del país vecino que utilizan la infraestructura ecuatoriana.
A pesar de la firmeza del anuncio oficial, expertos en el sector energético han puesto en duda la efectividad de la medida como herramienta de presión. El analista Nelson Baldeón señaló que el volumen de crudo colombiano que transita por el OCP es de apenas 7000 barriles diarios. Con una tarifa estimada de 3 dólares por barril, el ingreso total para Ecuador es de unos 21000 dólares al día, lo que suma aproximadamente 7700000 dólares al año. Para una economía como la colombiana, que exporta cientos de miles de barriles diariamente y percibe miles de millones de dólares anuales por hidrocarburos, esta cifra se considera marginal y simbólica.
La medida busca sentar un precedente político frente a la reciente suspensión de electricidad que Colombia justificó por la amenaza del fenómeno de El Niño. Sin embargo, Baldeón advierte que el impacto en la balanza comercial de Colombia será nulo y que incluso para el Estado ecuatoriano el ingreso derivado de este servicio es pequeño en comparación con otras partidas presupuestarias. Mientras el gobierno de Daniel Noboa avanza con la implementación de la tasa de seguridad del 30 por ciento para febrero de 2026, la administración de Manzano busca fórmulas para mitigar el déficit energético sin depender exclusivamente de la interconexión con el sistema colombiano.
