La Corte Suprema de Justicia de Panamá dictaminó la inconstitucionalidad de la concesión otorgada a la empresa Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison. La compañía operaba desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, puntos logísticos vitales en ambos extremos del canal interoceánico. La resolución surge tras una auditoría de la Contraloría General que detectó irregularidades en el contrato, en un contexto de tensiones geopolíticas por la administración de la vía.
El gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, celebró la decisión judicial como un paso positivo para la seguridad regional. Previamente, la administración de Donald Trump había expresado su preocupación por la influencia de capitales chinos en infraestructuras críticas para el comercio global. Aunque Panamá ratificó que la soberanía del canal es exclusiva de su país, el fallo facilita el traspaso de operaciones a consorcios con participación de capitales estadounidenses.
