La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad este jueves 5 de febrero de 2026 el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en su primera discusión. La normativa contempla la liberación de personas detenidas por participar en protestas o manifestar posturas políticas críticas desde 1999 hasta la actualidad, incluyendo la anulación de medidas restrictivas y la devolución de bienes. Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, instó a los diputados a realizar una consulta nacional profunda y rápida, enfatizando que el tiempo es un factor crítico para concretar la reconciliación tras los recientes cambios en la estructura de poder del país.
El texto legal establece excepciones para delitos graves como violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico y corrupción. Este avance legislativo ocurre en un contexto de transición política marcado por la liberación gradual de más de 600 detenidos y una estabilización económica impulsada por la recuperación de las exportaciones petroleras. Organizaciones como Foro Penal vigilan el proceso, mientras la oposición moderada y el oficialismo coinciden en la necesidad de cerrar ciclos de confrontación. La ley deberá superar una segunda votación parlamentaria tras el proceso de consulta pública para entrar en vigencia definitiva y permitir el retorno de exiliados.
