La mañana de este lunes 9 de marzo se retomó en el Complejo Judicial Norte de Quito la audiencia de juzgamiento por el delito de delincuencia organizada contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el exagente de tránsito Leandro Berrones y el ciudadano israelí Sheinman Oren. Tras casi dos meses de suspensión, el Tribunal Penal de Pichincha reinstaló la diligencia número 17 de este proceso, que investiga irregularidades en la comercialización de mascarillas y 21.000 pruebas rápidas durante la emergencia sanitaria de 2020. No obstante, se anunció que este martes 10 de marzo no habrá actividad judicial debido a que uno de los procesados debe calibrar su dispositivo de vigilancia electrónica ante el SNAI.
La fiscal de la causa, Lidia Sarabia, sostiene que entre marzo y octubre de 2020 los acusados planificaron y ejecutaron actividades ilícitas para obtener réditos económicos mediante la negociación de insumos médicos. Según la tesis fiscal, para lograr estos beneficios se habrían cometido delitos conexos como enriquecimiento privado no justificado, estafa y uso doloso de documento público. Hasta el momento, el juicio ha acumulado 16 días de sesiones no continuas desde su instalación en abril de 2025, periodo en el cual la Fiscalía ha presentado decenas de testigos y peritos para sustentar la acusación de una red estructurada de corrupción.
La diligencia se desarrolla bajo una modalidad mixta: la fiscal Sarabia y los procesados Berrones y Sheinman asisten de forma presencial en la sala de audiencias, mientras que Abdalá y Jacobo Bucaram comparecen vía telemática desde Guayaquil, alegando motivos de salud. La jornada de este lunes inició con el testimonio de José Luis Torres, en un esfuerzo del tribunal por avanzar en un cronograma que se extenderá hasta el 12 de marzo. Este caso representa uno de los procesos judiciales más dilatados del país, habiendo superado más de diez diferimientos antes de lograr la etapa de juzgamiento definitiva.
