El escenario político en Guayaquil se ha tensado tras el traslado del alcalde Aquiles Alvarez a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. El movimiento Revolución Ciudadana (RC5) y un bloque de doce concejales del municipio calificaron la medida como un acto de “proscripción” y “secuestro político”. Según los ediles, recluir a una autoridad electa en un centro de máxima seguridad sin una sentencia en firme constituye una decisión desproporcionada que vulnera la institucionalidad de la ciudad. La dirigencia correísta sostiene que el uso de este recinto responde a una estrategia de humillación contra los adversarios de la administración actual.
Por su parte, el presidente Daniel Noboa desestimó las acusaciones de persecución y afirmó que el traslado garantiza la integridad del burgomaestre, señalando que en dicho centro “estará más seguro”. El mandatario vinculó nuevamente la gestión municipal con irregularidades en el sistema de vigilancia de Segura EP y el presunto tráfico de combustible subsidiado, insistiendo en que las acciones judiciales son una ofensiva contra el crimen y no una disputa ideológica. Mientras la defensa de Alvarez sugiere que el movimiento se debió a informes sobre posibles atentados en su contra, el Gobierno enfatiza que el control estricto de la nueva cárcel impedirá cualquier beneficio irregular para el detenido.
