El Gobierno de Uruguay se encuentra analizando una oferta formal del Reino Unido para la adquisición de tres patrulleros oceánicos (OPV) de la Clase River (Batch 1), con un costo estimado de 20 millones de dólares por cada unidad. Esta propuesta, canalizada a través de la embajada británica, surge como una alternativa tras la reciente cancelación de un contrato con un astillero español y busca mitigar la crisis de equipamiento que atraviesa la Armada Nacional. La negociación está siendo gestionada de forma directa por el Ejecutivo, lo que refleja una urgencia por agilizar la modernización de la flota y evitar nuevos retrasos en el cronograma de defensa del país.
Las unidades en consideración, que actualmente prestan servicio en la Royal Navy desde 2003, cuentan con un desplazamiento de 1770 toneladas y una autonomía de 7800 millas náuticas, características ideales para tareas de control pesquero y vigilancia costera. El plan estratégico prevé que estos buques puedan incorporarse oficialmente a la marina uruguaya en 2028, una vez que el Reino Unido los dé de baja. De concretarse la operación, Uruguay lograría una solución operativa en el corto y mediano plazo para patrullar sus aguas jurisdiccionales con tecnología probada en misiones internacionales.
A pesar de las ventajas en términos de disponibilidad y costos, la propuesta británica implica sacrificar ciertas capacidades técnicas, como la operatividad de helicópteros a bordo, un requisito que históricamente ha sido fundamental para la Armada uruguaya. Aceptar estos buques supondría un cambio en los criterios operativos previos, priorizando la renovación inmediata de la flota sobre funciones aeronavales más avanzadas. La decisión final del Gobierno marcará el rumbo de la estrategia de defensa naval para la próxima década, balanceando la necesidad de soberanía marítima con las limitaciones presupuestarias actuales.
