La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York ha ampliado una investigación penal que originalmente apuntaba a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, incorporando ahora a altos funcionarios del estado de Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya, junto al senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, han sido señalados por presuntamente recibir sobornos millonarios para garantizar la impunidad y operatividad de la facción de “Los Chapitos”. El caso, radicado bajo el número 23-cr-180 ante la jueza Katherine Polk Failla, describe una estructura de corrupción que permitió la consolidación del tráfico de fentanilo y el lavado de dinero a escala internacional.
El expediente judicial sostiene que la organización criminal utilizó la captación de servidores públicos para proteger la operación de tráfico de drogas considerada por las autoridades estadounidenses como la más violenta y prolífica del mundo. Esta ampliación del caso ocurre en un contexto de creciente presión diplomática y judicial, tras la extradición de figuras clave como Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, y el traslado de otros 26 implicados desde México. Mientras Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar permanecen prófugos con recompensas millonarias, la inclusión de funcionarios mexicanos de alto nivel marca una nueva fase en la estrategia de Estados Unidos para desarticular las redes de apoyo político del Cártel de Sinaloa.
