Con una votación unánime de 145 voluntades, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes. Esta iniciativa surge como respuesta a las alarmantes cifras del INEC, que reportan 1.391 suicidios en menores de 14 años durante las últimas dos décadas, evidenciando una crisis de salud mental en el país. El proyecto, que ahora espera la sanción o el veto del presidente Daniel Noboa, obliga al Estado a incorporar contenidos de bienestar emocional en la malla curricular de forma gradual, iniciando en el bachillerato durante este 2026 y extendiéndose a los niveles básicos en los años siguientes.
La ley establece pilares fundamentales como la creación de un Consejo Consultivo de Salud Mental para vigilar políticas públicas y la obligatoriedad de que las aseguradoras privadas incluyan cobertura psicológica en sus planes. No obstante, voces académicas y gremiales advierten sobre la viabilidad de la norma ante la falta de presupuesto, señalando que Ecuador destina menos del 1% de su gasto en salud a esta área. Mientras los legisladores defienden la “psicoeducación” como una herramienta preventiva vital, especialistas recalcan que sin una inversión económica real y la contratación de más profesionales para aliviar la carga actual de los psicólogos educativos, la ley corre el riesgo de no ejecutarse efectivamente.
