El debate sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) regresa a la palestra pública ante la posibilidad de una nueva consulta popular en noviembre de 2026. La propuesta gubernamental busca reformar la Constitución para que la Asamblea Nacional recupere la facultad de nombrar a los titulares de los organismos de control, argumentando que el actual sistema ha provocado acefalías prolongadas e instituciones con autoridades prorrogadas. Sectores afines al oficialismo sostienen que el Parlamento ofrece una mayor legitimidad democrática y responsabilidad política, facilitando procesos de fiscalización en caso de incumplimiento de funciones, algo que consideran inexistente en el modelo actual del CPCCS.
Por su parte, diversas bancadas de oposición y analistas advierten sobre los riesgos de concentrar el poder en el Legislativo, sugiriendo que la medida podría comprometer la independencia institucional si una sola fuerza política domina la Asamblea. Mientras algunos legisladores defienden el fortalecimiento de los concursos de méritos y la transparencia técnica, otros consideran que el retorno al sistema de ternas enviadas por el Ejecutivo sería la vía más eficaz a nivel internacional. El éxito de esta tercera convocatoria a las urnas sobre el mismo tema dependerá, según expertos, no solo de la claridad en la comunicación de los anexos, sino también del capital político que mantenga el Gobierno de cara a los próximos comicios.
