El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió una resolución definitiva el pasado 4 de mayo de 2026, mediante la cual ratifica la vigencia de la sanción contra el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay. El juez Joaquín Viteri Llanga rechazó la solicitud de rehabilitación presentada por el funcionario, argumentando que, tras revisar los informes técnicos del Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Trabajo, la suspensión de sus derechos de participación continúa vigente en los registros institucionales. A pesar de que Pincay sostiene haber cancelado la multa económica correspondiente, el tribunal enfatizó que el impedimento legal persiste y que la rehabilitación solo procede ante el cumplimiento total y efectivo de los plazos y términos dictados en la sentencia original.
El proceso jurídico tiene su origen en las elecciones seccionales de 2023, cuando Pincay no asistió al debate obligatorio tras sufrir un atentado contra su vida. Por esta omisión, la autoridad electoral le impuso una multa de 21 salarios básicos y la suspensión de sus derechos políticos por un periodo de dos años. Esta decisión judicial tiene un impacto directo en la administración municipal de la capital manabita, ya que la normativa constitucional impide el ejercicio de cargos públicos a quienes carezcan de derechos de participación activos. Ante este escenario, el burgomaestre anunció que agotará nuevas instancias legales para intentar revertir el fallo, mientras que el Ministerio del Trabajo mantiene el certificado de impedimento legal que condiciona su permanencia en el cargo.
