El Gobierno de Bolivia denunció la existencia de un plan que calificó de macabro, presuntamente diseñado por el exmandatario Evo Morales, con el objetivo de desestabilizar el orden constitucional del país. Según el vocero presidencial, José Luis Gálvez, las movilizaciones y los bloqueos de caminos protagonizados por diversos sectores sociales no buscan reivindicaciones legítimas, sino forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva seis meses en el cargo. El portavoz aseguró en rueda de prensa que esta estrategia es operada desde el Trópico de Cochabamba, bastión político de Morales, y que cuenta con financiamiento proveniente del narcotráfico y redes criminales internacionales.
La tensión social se ha incrementado en los últimos días con bloqueos en el altiplano de La Paz por parte de sectores campesinos y protestas de la Central Obrera Boliviana, liderada por Mario Argollo, quienes exigen la dimisión del jefe de Estado argumentando una falta de capacidad para resolver la crisis económica. A estas demandas se sumaron movilizaciones de mineros cooperativistas y maestros rurales que derivaron en enfrentamientos con la Policía en la sede de Gobierno. El Ejecutivo vinculó directamente estas acciones con un pacto para rechazar el diálogo y reportó que las interrupciones en las carreteras ya han provocado tres fallecimientos de personas que no pudieron recibir atención médica a tiempo.
Ante este escenario, las autoridades bolivianas manifestaron que mantendrán la apertura al diálogo con los grupos que presenten demandas sectoriales legítimas, pero advirtieron que actuarán con firmeza en la defensa del sistema democrático. Gálvez enfatizó que los dirigentes señalados por recibir recursos ilícitos deberán asumir las consecuencias de sus actos ante la Justicia, mientras el país enfrenta el desafío de contener las protestas que amenazan con paralizar las principales rutas y agravar la situación política interna.
