Efectivos militares de la Brigada Andes y grupos de élite de la Policía Nacional mantienen un estricto reforzamiento de la seguridad en las parroquias fronterizas de El Chical y Maldonado, pertenecientes al cantón Tulcán. La medida se adoptó tras los violentos enfrentamientos registrados el pasado jueves 14 de mayo, cuando un grupo de manifestantes atacó un vehículo militar, obligando a los uniformados a realizar el uso legítimo de la fuerza con gases lacrimógenos. Las protestas, motivadas por el rechazo de ciertos comuneros a una bocamina y a la construcción de una planta de minería legal cerca del río Pablo, escalaron luego de que venciera un plazo de 24 horas otorgado a las autoridades, bajo denuncias de que la movilización fue impulsada mediante presiones económicas y amenazas a las familias locales.
La situación actual mantiene aisladas a ambas poblaciones debido a una paralización de vías que inició el lunes 17 de mayo, lo que ya genera desabastecimiento de alimentos y combustibles, el cierre de comercios y la suspensión del transporte público tras la retención de dos autobuses. Ante este escenario, las clases presenciales fueron suspendidas y los docentes laboran en modalidad telemática. El Ministerio de Defensa anunció la creación de un campamento fijo en la zona para continuar con la destrucción de bocaminas ilegales, al tiempo que las autoridades militares confirmaron que no se acogerá el pedido de retirar el destacamento de El Pablo, argumentando indicios de que grupos irregulares colombianos, como el ELN y la Segunda Marquetalia, intentan infiltrarse y controlar las actividades mineras irregulares en esta franja de la frontera.
