La audiencia de vinculación a la instrucción fiscal dentro del denominado caso Goleada, que investiga una presunta red de lavado de activos vinculada al contrabando y comercialización ilegal de combustibles, se suspendió por segunda ocasión este martes 26 de mayo. En esta diligencia judicial, la Fiscalía General del Estado tenía previsto vincular formalmente al proceso a la madre del alcalde de Guayaquil, Gioconda Henriques, y a su esposa, Fiorella María Icaza, junto a otros tres ciudadanos y un entramado de nueve personas jurídicas. Sin embargo, el juez de la causa, Jairo García, se vio imposibilitado de instalar la sesión debido a los reclamos técnicos presentados por los abogados defensores, quienes alegaron una supuesta acefalía o falta de representación legal vigente en varias de las compañías implicadas.
Ante los cuestionamientos sobre la legitimidad de las representaciones corporativas, la Fiscalía General sugirió la intervención de la Defensoría Pública para garantizar la continuidad del acto fiscal. No obstante, el magistrado resolvió oficiar de urgencia a la Superintendencia de Compañías y al Registro Mercantil para que, en un término perentorio de 24 horas, remitan informes certificados que aclaren el estado legal de los directorios, identifiquen a los administradores subrogantes y determinen si los cargos directivos se encuentran vacantes. Una vez que el centro judicial reciba e incorpore dicha documentación fiscal al expediente general, las partes procesales serán notificadas con el señalamiento de un nuevo día y hora para la reanudación del trámite.
El caso Goleada, que inicialmente se abrió bajo el tipo penal de delincuencia organizada antes de ser reformulado por la Fiscalía a lavado de activos, mantiene actualmente a doce personas procesadas, entre ellas tres hermanos de la familia Alvarez y el legislador de la Asamblea Nacional, Raúl Chávez. Entre las firmas mercantiles que el Ministerio Público busca incorporar a la causa penal constan la Compañía del Petróleo Copedesa, Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum, Comercializadora de Combustibles Corpalubri, Grupo Alva3, Operoil y la firma CHN. Por su parte, el alcalde Aquiles Alvarez, quien ya figura como procesado con medidas sustitutivas dentro de esta investigación, continúa privado de su libertad debido a las causas penales paralelas conocidas como caso Triple A y el proceso relacionado con el uso de su dispositivo de vigilancia electrónica.
