Las agendas judiciales de los casos denominados Goleada y Triple A coincidirán durante esta semana, marcando momentos decisivos en los procesos que enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto a sus hermanos Antonio y Xavier, además de un grupo de personas naturales y empresas. Ambos expedientes investigan presuntos delitos financieros e hidrocarburíferos derivados del manejo de sus corporaciones familiares. Ante la proximidad de las diligencias, los equipos de defensa técnica obtuvieron la autorización de los magistrados para mantener reuniones diarias con el primer personero municipal dentro de la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, donde permanece privado de la libertad cumpliendo órdenes de prisión preventiva.
El primer encuentro judicial se dará en el caso Goleada, donde se indaga un presunto delito de lavado de activos que involucra a 17 personas naturales y 9 empresas. El juez anticorrupción Jairo García convocó a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para los días jueves 16 y viernes 17 de julio de 2026, la cual se desarrollará de manera virtual a partir de las 08:45. Durante la jornada, la Fiscalía General del Estado presentará su dictamen acusatorio contra la estructura familiar, señalada de canalizar réditos económicos de la comercialización irregular de combustibles mediante compañías presuntamente instrumentadas en Panamá. La investigación de esta causa se originó en febrero pasado tras las revelaciones de un testigo protegido que describió desvíos de diésel subsidiado hacia embarcaciones internacionales y supuestas instrucciones para alterar las facturaciones comerciales.
Inmediatamente después, el sábado 18 de julio, se reinstalará la audiencia de juicio dentro del caso Triple A, el cual avanza de forma presencial en el Complejo Judicial Norte de Quito ante un Tribunal de Garantías Penales especializado en Corrupción y Crimen Organizado. Para asegurar la continuidad del juzgamiento por el delito de comercialización ilegal de derivados de petróleo, los jueces programaron sesiones adicionales para los días 19, 24, 25 y 26 de julio a partir de las 08:30. En esta etapa, el proceso se centrará en la evacuación de las pruebas testimoniales, periciales y documentales de las acusaciones particulares representadas por Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, instituciones que buscan justificar un perjuicio económico al Estado calculado en 61,5 millones de dólares por el supuesto desvío de 22,7 millones de galones de combustible.
