El Gobierno de España dio un paso decisivo en la gobernanza tecnológica al aprobar un proyecto de ley que regulará el uso y desarrollo de la inteligencia artificial (IA), imponiendo como obligación principal el etiquetado claro de cualquier contenido audiovisual generado o manipulado mediante estas tecnologías. La normativa, que inicia ahora su fase de debate y trámite parlamentario, adapta el ordenamiento jurídico nacional al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act). El objetivo primordial de la ley es elevar los estándares de transparencia pública, permitiendo a los usuarios identificar con facilidad el material artificial en plataformas digitales y mitigar la proliferación de deepfakes hiperrealistas, los cuales se han intensificado en campañas de desinformación política y en la creación de pornografía no consentida.
El texto legal establece una clasificación estricta de riesgos y prohíbe de forma taxativa aquellas aplicaciones consideradas incompatibles con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre las prácticas vetadas constan los sistemas informáticos orientados a manipular decisiones humanas mediante técnicas subliminales, los modelos diseñados para explotar vulnerabilidades de grupos específicos y las herramientas destinadas a la generación de pornografía infantil sintética. Para garantizar el cumplimiento de estas directrices, el proyecto incorpora un régimen sancionador escalonado que contempla multas administrativas que inician en los 6.000 euros para infracciones leves y escalan hasta los 35 millones de euros, o un porcentaje equivalente de la facturación global anual, para las corporaciones tecnológicas de desarrollo que incurran en faltas graves.
