La audiencia de formulación de cargos en contra del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otras siete personas investigadas por el presunto delito de lavado de activos fue suspendida la mañana de este jueves. La jueza Silvana Velasco anunció que la diligencia se reinstalará a las 15:00 para dar a conocer su resolución sobre las medidas cautelares personales y reales solicitadas por la Fiscalía General del Estado, la cual notificó el inicio de una instrucción fiscal de 90 días. El caso se originó tras un reporte de operaciones inusuales de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), lo que motivó 18 allanamientos en Esmeraldas, Pichincha, Guayas y Sucumbíos para desarticular una presunta estructura delictiva integrada por funcionarios públicos, exfuncionarios y particulares.
Durante la sesión, la fiscal provincial Alexandra Zurita expuso que parte de los fondos analizados proviene de acciones de protección que generaron millonarios desembolsos por parte de entidades públicas como Petroecuador. Entre los elementos de convicción constan transferencias superiores a los 2.2 millones de dólares hacia uno de los investigados, así como los movimientos de la empresa Reypezpacific S.A., de la cual Villacís posee el 98 por ciento de las acciones, la cual registró transacciones por aproximadamente 7.5 millones de dólares entre 2020 y mayo de 2025 que no coinciden con sus ingresos reportados. Debido al alto volumen económico y a la influencia de los procesados, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva argumentando riesgos de fuga y de obstaculización de la justicia.
Por su parte, las defensas técnicas rechazaron de forma unánime la medida de prisión. El abogado del alcalde Villacís alegó que los informes presentados aún no han sido contradichos, y destacó que su defendido posee arraigo por sus funciones públicas, tiene sus cuentas bancarias congeladas desde marzo y es padre de una lactante de tres meses. En la misma línea, el exjuez implicado Kleber Salcedo descartó peligro de fuga y aseguró ser víctima de una persecución por parte de la Judicatura y la Fiscalía, señalando que ha cumplido con los dictámenes de otro proceso previo que enfrenta por presunto prevaricato. La decisión final sobre si el burgomaestre y los demás involucrados afrontarán el proceso en libertad o en prisión se definirá una vez reinstalada la sesión judicial.
