El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera exigió de forma enérgica al Gobierno de Colombia la derogación inmediata del Decreto 455, mediante el cual se impusieron aranceles recíprocos a las mercancías provenientes de Ecuador. El gremio fronterizo manifestó su profunda preocupación e indignación ante lo que consideran una falta de reciprocidad y agilidad por parte de las autoridades colombianas, puesto que Ecuador ya cumplió formalmente con las disposiciones de la Comunidad Andina (CAN) y levantó las restricciones que originaron la presente crisis comercial entre ambas naciones.
La disputa arancelaria registró un cambio el pasado 1 de junio de 2026, fecha en la que Ecuador dejó oficialmente sin efecto la tasa de seguridad que aplicaba a los productos de origen colombiano desde el 1 de febrero. Esta desmovilización de la medida arancelaria se viabilizó luego de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella anunciaran, el 31 de mayo, un acuerdo político para normalizar el flujo comercial. El sindicato fronterizo recordó que el presidente Gustavo Petro se había comprometido públicamente a retirar los aranceles de forma automática una vez que el país vecino diera el primer paso; no obstante, lamentaron que “Ecuador cumplió y Colombia aún no”.
Para la dirigencia de los trabajadores, la permanencia del Decreto 455 resulta contradictoria y carece de sustento técnico o legal tras la resolución del conflicto inicial. El colectivo enfatizó que la lentitud burocrática y las decisiones centralizadas están asfixiando la economía de la zona de integración fronteriza, provocando pérdidas financieras severas, cierre de establecimientos comerciales y destrucción de plazas de empleo. Ante este escenario, urgieron al Gobierno de Bogotá a actuar en coherencia con el derecho comunitario andino para restablecer el libre comercio binacional que ha regido de manera histórica durante cincuenta y siete años.
