El riesgo país de Ecuador descendió a 396 puntos este miércoles 3 de junio, consolidando una tendencia a la baja que acumula una reducción de alrededor de 1.500 unidades desde abril de 2025, cuando Daniel Noboa ganó las elecciones para su mandato completo. El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que este resultado refleja el fortalecimiento de la confianza internacional en la gestión de las finanzas públicas y la estabilidad institucional, lo cual mejora el acceso a financiamiento y promueve la inversión. Analistas económicos y gremios financieros coinciden en que este indicador es apuntalado por un entorno macroeconómico favorable que incluye reservas internacionales en un estado saludable de 12.491 millones de dólares a finales de mayo y un incremento del 10,1 % en las ventas del mismo mes, las cuales alcanzaron los 24.278,6 millones de dólares.
La bonanza de los indicadores también se refleja en el Presupuesto General del Estado, que registró un incremento del 26 % en sus ingresos durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el año anterior, sumando 10.074 millones de dólares y generando un superávit fiscal de 960 millones de dólares. Este crecimiento fue impulsado por el alza del precio internacional del petróleo y un aumento del 10,6 % en la recaudación tributaria. Asimismo, la balanza comercial del primer trimestre cerró con un superávit de 1.571,4 millones de dólares, liderado por exportaciones no petroleras como el camarón, banano, minerales y cacao, mientras que el sistema financiero reportó un sólido crecimiento anual de doble dígito tanto en depósitos como en carteras de crédito en bancos y cooperativas.
A pesar del panorama positivo, expertos como Hanns Soledispa y Bernardo Orellana advierten que el verdadero reto radica en transformar esta solidez macroeconómica en un crecimiento productivo de largo plazo que impacte en la microeconomía. Para consolidar estos beneficios y enfrentar el desafío del empleo formal, el sector privado plantea la necesidad de simplificar trámites, eliminar barreras para nuevos proyectos y promover reformas legales en materia laboral. El Gobierno, por su parte, ratificó ante inversionistas locales y estadounidenses que las medidas de seguridad vigentes buscan garantizar un entorno óptimo para la ejecución de nuevos negocios e infraestructura productiva en sectores estratégicos.
