La Fiscalía General del Estado y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos expusieron el presunto modus operandi de una red delictiva que involucra a empresas de la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, orientada al desvío ilegal de combustibles. Según las investigaciones, las comercializadoras Copedesa, Corpalubri, Indudiesel y Ternape utilizaban una ubicación geográfica estratégica, principalmente en zonas fronterizas, para adquirir combustibles subsidiados de los segmentos automotriz y naviero nacional y venderlos posteriormente al sector industrial y a embarcaciones internacionales. La teoría del caso señala que este esquema permitió generar ganancias a partir del diferencial del subsidio cubierto por el Estado, provocando un perjuicio económico calculado en 62 millones de dólares.
El proceso judicial avanza en dos causas independientes pero interconectadas que mantienen al alcalde bajo prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro. Por un lado, el caso Triple A, que investiga el delito de comercialización ilegal de derivados de petróleo contra 16 personas naturales y seis empresas —incluyendo a los hermanos del funcionario y a un primo actualmente prófugo—, ya se encuentra en la etapa de juicio ante el Tribunal Penal de Corrupción y Crimen Organizado. Por otra parte, el caso Goleada se mantiene en instrucción fiscal tras reformularse los cargos en mayo hacia el presunto delito de lavado de activos, extendiendo la investigación a 28 personas, entre las cuales figuran también la esposa y la madre del primer personero municipal.
La hipótesis de las instituciones públicas sostiene que los réditos económicos obtenidos mediante la venta irregular de casi 15 millones de galones de procedencia desconocida y el desvío de otros 5,5 millones de galones subsidiados habrían sido introducidos al sistema financiero formal. De acuerdo con los reportes de control, la estructura familiar habría recurrido a la simulación de obligaciones, la omisión de ingresos y la constitución de empresas de papel en Panamá para blanquear el dinero. Frente a estos señalamientos, los organismos de regulación rechazan los argumentos de la defensa técnica de los procesados, la cual ha intentado catalogar las presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos estratégicos como simples faltas de carácter administrativo.
