La mañana de este lunes 3 de agosto continuó la audiencia preparatoria de juicio dentro del denominado caso Magnicidio FV, proceso en el cual la Fiscalía General del Estado acusa a siete personas por la presunta autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Durante la diligencia, el juez de la causa, Geovanny Freire, fue notificado formalmente por Tamia y Amanda Villavicencio sobre la revocatoria de la autorización concedida a su abogado patrocinador, Patricio Rosero. Tras la solicitud presentada por las acusadoras particulares, la defensora pública Michelle Ortiz asumió formalmente la representación legal de ambas.
El cambio de patrocinio se formalizó mediante un escrito ingresado el 14 de julio anterior, en el cual las hermanas Villavicencio explicaron que determinadas acciones impulsadas por Verónica Sarauz —viuda del político y también parte querellante— habrían comprometido la continuidad de la labor de Rosero. Ante dicho escenario, argumentaron tomar la decisión de prescindir de sus servicios bajo un principio de precaución para no obstaculizar el avance de esta etapa procesal decisiva.
En el desarrollo de la audiencia, la fiscal Ana Hidalgo prosiguió con la exposición individualizada de los elementos de convicción formulados contra los procesados. La Fiscalía mantiene la acusación como autores mediatos contra:
- José Serrano: Exministro del Interior (actualmente retenido por temas migratorios en Estados Unidos).
- Xavier Jordán: Implicado y llamado a juicio en el caso Metástasis.
- Ronny Aleaga: Exasambleísta de la Revolución Ciudadana.
- Daniel Salcedo: Condenado por delincuencia organizada y corrupción.
- Líderes de ‘Los Lobos’: Wilmer Chavarría (alias Pipo), Luis Arboleda (alias Gordo Luis) y Esteban Aguilar (alias Lobo Menor).
Durante la jornada, la fiscalía avanzó en el análisis de las versiones rendidas en 2025 por José Serrano, contrastándolas con testimonios del abogado Lenin Vimos y de Daniel Salcedo, además de detallar el ataque sufrido por Salcedo en la cárcel de Riobamba, donde se registraron presuntas amenazas vinculadas al caso.
