Un videoreportaje publicado por el diario británico The Times, bajo la dirección de la corresponsal internacional Louise Callaghan, expone cómo la minería ilegal de oro se ha consolidado como la principal fuente de ingresos de las bandas criminales más poderosas de Ecuador, llegando a desplazar al narcotráfico en términos de rentabilidad. La investigación destaca que en el mercado europeo un kilo de oro puede llegar a valer hasta diez veces más que un kilo de cocaína. Esta enorme disparidad económica ha empujado a las estructuras delictivas a diversificar sus operaciones, logrando controlar un negocio clandestino que actualmente representa cerca del 80 % de la producción total de oro en el territorio ecuatoriano, posicionando al país como uno de los mayores focos de comercio ilícito de este mineral en América Latina.
El informe periodístico recoge testimonios desde la zona de Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana, un sector gravemente afectado por la expansión de frentes extractivos ilegales. El general Miguel Iturralde, comandante de la Brigada de Selva N.º 19 Napo, admitió la enorme complejidad que afrontan las Fuerzas Armadas para contener este delito, señalando que los campamentos destruidos por los militares suelen ser reconstruidos con rapidez debido al poder financiero de las bandas. Asimismo, un minero anónimo y personal de seguridad de la zona denunciaron que las redes criminales extorsionan al 90 % de los habitantes locales e infiltran concesiones legales mediante amenazas de muerte, beneficiándose de la falta de trazabilidad del metal precioso.
La problemática también ha generado un grave impacto ambiental y social en las comunidades ancestrales de la región. Linda Germania Tapuy Papa, lideresa de la comunidad kichwa Capirona de Puni Shalcana, relató con pesar cómo en apenas dos años y medio la actividad criminal destruyó la selva e intoxicó los ríos locales, obligando a los comuneros a depender de tanques externos para acceder a agua limpia. Ante este escenario, el exdirector de la Agencia de Regulación y Control Minero, Pablo Izurieta, reconoció que las limitaciones físicas del Estado impiden una presencia militar permanente en cada punto del territorio, lo que ha forzado al Gobierno nacional a mantener un despliegue de miles de soldados en un intento crítico por frenar la expansión de esta economía ilegal.
