El juez de Pichincha, Geovanny Freire, declaró este martes siete de julio que carece de competencia constitucional y legal para excluir a Verónica Sarauz, viuda del asesinado político Fernando Villavicencio, como acusadora particular dentro del proceso penal conocido como caso Magnicidio FV. El pedido de exclusión fue planteado formalmente por Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato presidencial, quienes acusan a Sarauz de incurrir en un grave conflicto de intereses. A pesar de la negativa por razones de procedimiento, el magistrado dejó en claro que cualquier indicio sobre un delito distinto al que se ventila en esta causa —como el presunto fraude procesal u obstrucción a la justicia— debe ser denunciado formalmente para que la Fiscalía General del Estado asuma de oficio su valoración y determine si ejerce la acción penal pública.
El sustento del pedido formulado por las hermanas Villavicencio radica en la información periciada del dispositivo móvil de María Paula Christiansen, cónyuge del procesado José Serrano. De acuerdo con el expediente, existen comunicaciones del dieciséis y diecisiete de agosto de dos mil veinticinco en las que presuntamente Sarauz facilitó su documentación personal para respaldar a Serrano ante las autoridades de los Estados Unidos a cambio de absoluta confidencialidad. Asimismo, las acusadoras particulares denunciaron que Sarauz y su actual pareja proporcionaron datos sensibles, tales como las direcciones domiciliarias de la familia y de su abuela, información que Christiansen habría remitido al procesado Xavier Jordán y que posteriormente derivó en una campaña de intimidación y en un atentado contra su vivienda en días previos a la formulación de cargos.
Ante la resolución judicial, Amanda y Tamia Villavicencio expresaron que no asumen la decisión del juez Freire como una derrota, pues el dictamen resguarda la causa de una posible nulidad procesal y arroja luz pública sobre las actuaciones de Sarauz. Las hijas del político enfatizaron que las pruebas periciadas también evidencian maniobras ilícitas para cooptar y trasladar de manera clandestina por Sudamérica a un testigo protegido de la Fiscalía bajo falsas promesas de llevarlo a territorio estadounidense. Tras el dictamen, las denunciantes exhortaron a la institución liderada por la fiscal Ana Hidalgo —quien ha presentado noventa y cuatro elementos de convicción contra los siete procesados como autores mediatos— a iniciar los expedientes penales correspondientes por estos nuevos hallazgos, advirtiendo que, de no actuar el Estado de oficio, ellas impulsarán las acciones legales de forma particular.
