La situación legal del alcalde de Machala, Darío Macas, dio un giro definitivo la noche de este martes 7 de julio tras dictarse una orden de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El juez de la causa acogió el pedido formal y debidamente motivado por la Fiscalía General del Estado, extendiendo la misma medida privativa de libertad para la ciudadana Carmen Ch. P., quien también se encuentra procesada dentro de esta instrucción fiscal. Ambos ciudadanos habían sido detenidos durante una serie de allanamientos ejecutados el lunes 6 de julio en la provincia de El Oro, permaneciendo bajo custodia judicial hasta la instalación del procedimiento formal de cargos.
La audiencia de formulación de cargos se desarrolló inicialmente de forma telemática durante la mañana del martes y, tras concluir las intervenciones y alegatos de los sujetos procesales, el magistrado suspendió la sesión para deliberar. La diligencia se reinstaló formalmente a las 21:00, momento en el cual la autoridad judicial ordenó también, de manera complementaria, la retención de todos los valores económicos y fondos que los investigados mantengan en las distintas entidades del sistema financiero nacional.
La conducción y resolución del caso estuvo a cargo del juez Wiler Chóez, miembro de la Sala Especializada Penal para Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, quien actúa en reemplazo temporal del magistrado titular, Lauro Sánchez. Aunque durante la diligencia no se determinó el centro específico de privación de libertad en el cual cumplirán la medida cautelar, el dictamen judicial delegó de manera formal la logística y la total responsabilidad de los traslados al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
