Estados Unidos anunció el miércoles un nuevo arancel del 25% sobre ciertas importaciones procedentes de Brasil, cuyo gobierno repudió de inmediato la medida y anunció la activación de una ley de reciprocidad aprobada el año pasado. Este gravamen, que entrará en vigor el 22 de julio, responde a una investigación de un año de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre las políticas comerciales del gigante suramericano. Una serie de productos, entre ellos la carne de res, el café y ciertas piezas de aeronaves, quedarán exentos, además de otros bienes que Estados Unidos no produce de forma interna.
“Las prácticas comerciales desleales de Brasil han impedido que los trabajadores y productores estadounidenses accedan a este importante mercado”, justificó posteriormente en un comunicado el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. La Casa Blanca y la USTR apuntaron a supuestas acciones adversas en el comercio digital, la deforestación ilegal y una competencia “desleal” vinculada al sistema estatal de pagos electrónicos PIX, bajo el argumento de que este método gratuito perjudica el mercado de las firmas estadounidenses de tarjetas de crédito. Además, Washington busca acceder al trato arancelario preferencial que Brasil otorga a socios estratégicos como México o India.
Una respuesta contundente desde Brasilia
El gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionó pasada la medianoche calificando la jornada como “un hito lamentable” para la relación bilateral y señalando que “no reconoce la legitimidad de investigaciones sin respaldo en las reglas multilaterales de comercio”. Lula defendió al PIX como un patrimonio de infraestructura pública digital de su pueblo y recordó que, en los últimos 15 años, EE. UU. acumuló 424500 millones de dólares en superávit de bienes y servicios con Brasil, por lo que considera que no hay justificación para medidas unilaterales.
A raíz de esto, Brasilia iniciará de inmediato los trámites para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad en abril de 2025 por el Congreso brasileño en medio de las ofensivas arancelarias previas. La presidencia brasileña anunció también que retomará el tema formalmente en el marco del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Choques diplomáticos y el escenario electoral
Poco después de conocerse el gravamen, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, criticó con dureza al mandatario brasileño afirmando en la red social X que “Lula ha antepuesto su propio ego a llegar a un acuerdo por el bienestar del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que debe pagar por ello”. No obstante, funcionarios de Washington rechazaron que las pesquisas se utilicen con fines electorales, en referencia al explícito respaldo de Trump hacia el expresidente Jair Bolsonaro, principal rival de Lula que actualmente cumple una condena judicial.
Incluso en una audiencia pública de la USTR este mes, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario y candidato conservador para los comicios de octubre, instó a Washington a frenar los gravámenes argumentando que la medida terminaría beneficiando políticamente a Lula en la campaña. Aunque la administración Trump no espera represalias mayores, advirtió que cualquier respuesta económica de Brasilia podría desencadenar contramedidas adicionales por parte de Estados Unidos.
