En el marco de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, el Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029 establece al sistema penitenciario como un pilar prioritario para la estrategia estatal. Tras años marcados por masacres, motines y el control de pabellones por bandas criminales, el nuevo lineamiento declara a todos los Centros de Privación de Libertad (CPL) como zonas de seguridad e infraestructura estratégica del Estado, buscando frenar la operatividad de las organizaciones delictivas desde el interior de los reclusorios.
La estrategia gubernamental contempla una reforma al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la cual incluye un plan de carrera para el cuerpo de vigilancia, la integración de sistemas de inteligencia con las Fuerzas Armadas y la Policía, y una fuerte inversión tecnológica mediante inteligencia artificial, drones y ciberseguridad. El objetivo central de esta reestructuración es lograr la autosuficiencia operativa del organismo, permitiendo que las Fuerzas Armadas concluyan sus labores extraordinarias dentro de los centros carcelarios a partir de 2027.
Pese a los avances que supone contar con una hoja de ruta formal, expertos en seguridad señalan que el plan mantiene un marcado enfoque militar debido a la intervención del Ministerio de Defensa en su elaboración. Asimismo, analistas advierten que la implementación de tecnología y el cumplimiento del cronograma para el retiro de las Fuerzas Armadas dependerán de la capacidad real del Estado para resolver problemas estructurales como el hacinamiento y lograr una verdadera gobernabilidad institucional en los centros de privación de libertad.
