A casi un año de las movilizaciones desarrolladas entre septiembre y octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado reportó a la Asamblea Nacional que mantiene abiertas 138 investigaciones penales derivadas del paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tras la eliminación del subsidio al diésel. El informe oficial remitido a la Comisión de Seguridad Integral detalla que la tipificación con mayor número de expedientes es el delito de paralización de un servicio público, con 66 causas, seguido de daño a bien ajeno (15), secuestro (11) y extralimitación en el uso de la fuerza (10), además de indagaciones por terrorismo, robo y homicidio culposo.
Ante las consultas del órgano legislativo sobre el perfil de los investigados, el Ministerio Público aclaró que no clasifica los registros por pertenencia étnica o liderazgo político. Asimismo, la institución confirmó la existencia de ocho causas ligadas a lesiones o muertes registradas durante las protestas —focalizadas mayoritariamente en Imbabura—, así como siete indagaciones de oficio iniciadas por la Unidad Especializada en Uso Ilegítimo de la Fuerza para determinar posibles vulneraciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública, manteniendo el carácter reservado de los diligenciamientos de acuerdo con la norma legal.
